Las políticas de eficiencia energética se están desarrollando de forma creciente en todos los países, no solamente para alcanzar ahorros energéticos y económicos, sino para conseguir otros objetivos macro, como reducir la dependencia externa, como ocurre en el caso de España, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Unión Europea desarrolla políticas muy activas en esta materia y establece objetivos vinculantes para todos los países que, en lo que se refiriere a eficiencia energética, consisten en la reducción del consumo de energía primaria en un 20% para el año 2020 respecto al escenario tendencial desde el año base 2007. Este porcentaje se incrementa para el año 2030 hasta un 27%, revisable hasta el 30% en 2020.

Todas las Administraciones Públicas están vinculadas por estos objetivos y deben implantar mejoras energéticas en sus ámbitos de actuación. En el caso de los Ayuntamientos, se deben potenciar las actuaciones de mejora de la eficiencia de sus edificios e instalaciones, como las de alumbrado público.

Estas actuaciones tienen interés por sí mismas, ya que permiten reducir las facturas energéticas, pero tienen el inconveniente de precisar inversiones iniciales para las que a veces no se cuenta con recursos suficientes. Por tanto, el objeto de esta Jornada es analizar las posibilidades de financiación, tanto a través de las vías bancarias convencionales como siguiendo el modelo de las empresas de servicios energéticos, que realizan a su cargo las inversiones y se retribuyen con los ahorros que consiguen.